La situación actual que vive Puerto Rico, como el resto de la humanidad, es única. Las repercusiones las sabremos en un futuro. En el presente la prioridad tiene que ser la salud de todos. Por tal razón, en momentos así tenemos que brindar el apoyo y seguir las instrucciones de los expertos de la salud para que dirijan los esfuerzos necesarios de precaución, para superar lo antes posible la crisis que se vive.

El partido que represento, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), ha expresado por medio de su liderato la importancia de proteger la vida y salud de todos, sin renunciar al deber fiscalizador, pero enfatizando en que podemos colaborar unidos como país para enfrentar esta grave situación. Aunque no hay la más mínima duda de que esa es la prioridad, considero que como Comisionado Electoral de un partido político, en este caso del PIP y uno de los integrantes de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), tengo también la responsabilidad de señalar una consecuencia importante de la parálisis actual: el retraso del calendario electoral. Cuando se lleva a cabo una elección general se establecen unas fechas fijas para poder cumplir con la meta final de llevar a cabo las elecciones en un día en específico, que este año es el martes, 3 de noviembre.   

Aunque algunos detractores de la CEE no lo quieran entender, es fundamental que el organismo electoral que coordina unas elecciones trabaje los cuatro años y no un solo año en cada cuatrienio. Se requiere tener un registro electoral abierto, accesible, confiable y un personal especializado en materia electoral, no solamente para las elecciones sino para cualquier evento intermedio. La CEE, entre otras funciones, debe ser capaz de certificar los candidatos, inscribir nuevos electores, reactivar a los inactivos, escoger los centros de votación, poner al día las máquinas de escrutinio, mandar a imprimir las papeletas y comprar el material que hace falta para el día de las elecciones, aprobar los reglamentos que rigen los eventos electorales, diseñar una campaña de orientación electoral en los medios, adiestrar a los funcionarios de colegio y sobre todo administrar un proceso confiable y seguro el día del evento.  

Ante las circunstancias atípicas del presente es evidente que todos los actores políticos deben discutir todas las alternativas para superar los escollos que se avecinan. La discusión seria entre todas las partes, mayoría y minorías, que urge y hace falta tiene que partir de la buena fe.  

Antes de discutir cada una de las alternativas es esencial que la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, quien ha pedido a todos, incluyendo a la oposición política, el apoyo y espacio necesario en esta lucha contra el coronavirus, decida de buena fe descartar de plano la posibilidad de hacer cambios a la Ley Electoral hasta luego de las elecciones generales. Si existe voluntad para sentarnos todas las partes a dialogar sobre cómo modificar el calendario electoral le corresponde como Primera Ejecutiva dar ese primer paso de eliminar en un momento de tanta incertidumbre un proyecto de reforma electoral que tanta oposición ha generado. Tal gestión sería aplaudida unánimemente, pero más importante aún, le daría tranquilidad a un pueblo que lo necesita con carácter de urgencia para poder enfocar todas sus energías en lo esencial, en la salud de la gente.  

Una determinación así posibilitaría que los integrantes de la CEE dialoguemos de buena fe y lleguemos a acuerdos relacionados al calendario electoral, que solo serían en beneficio de la ciudadanía, asegurando en el camino tanto la salud de cada puertorriqueño como el voto de cada elector con total transparencia, como tiene que ser.