Programa de Gobierno 2016

Desarrollo Social

 

  1. SOCIEDAD Y CALIDAD DE VIDA

El norte de toda política social debe ser atender las necesidades y mejorar las condiciones de vida de [email protected] [email protected] El desarrollo económico tiene que darse de la mano de un desarrollo social que promueva la distribución más justa de la riqueza y los beneficios asociados al crecimiento económico. La única forma de lograr el progreso de [email protected] es ampliando el acceso, los medios y nivelando las oportunidades para que [email protected] [email protected] participen plenamente en el ámbito económico, social, político y cultural de su país y así disfrutar [email protected] de calidad de vida.

En Puerto Rico, sin embargo, los indicadores económicos y los indicadores de bienestar social reflejan un progresivo deterioro, lo que se manifiesta a través complejos problemas sociales.

Aunque contamos con decenas de agencias y programas de servicios esparcidos por el país para atender esos problemas y un multimillonario presupuesto, las estrategias ensayadas hasta el presente no han redundado en cambios efectivos para [email protected] [email protected] [email protected] sociales ni han resultado en adelantos en materia de derechos humanos/ciudadanos. Por el contrario, aumenta cada vez más la violencia, la adicción a drogas, el maltrato hacia los más débiles, la falta de acceso a vivienda y transportación, la dependencia económica y falta de responsabilidad individual, entre otros. Con frecuencia alarmante, se registran crímenes que antes eran eventos aislados, creando un clima de inseguridad insostenible. Puerto Rico está lejos de haber alcanzado el progreso que alegadamente traería el proyecto modernizador del país. Al contrario, lo que impera es la conflictividad en las relaciones personales y sociales que refuerzan conductas ciudadanas desarraigadas e individualistas, que se anteponen al bien común y malogran el logro de mayores reivindicaciones sociales.

Es imperativo revisar las políticas sociales de intervención y provisión de servicios para que los programas y estrategias gubernamentales atiendan de forma integral, racional, y transdisciplinaria los retos sociales.

Si revisamos la Política Pública promulgada surgen tres grandes desfases que debemos sobrepasar para transformar la compleja realidad social de nuestro país:

  1. Existe una resistencia por los integrantes del Gobierno de evaluar la política social promulgada en términos de su alcance y efectividad. Insisten en las mismas estrategias de acercamiento a los problemas, aun cuando han demostrado ser inefectivas, y se niegan a realizar los cambios y ajustes necesarios.
  2. La dispersión, fragmentación y falta de rigurosidad en la recopilación de datos y en los esfuerzos gubernamentales. Se hace necesario estructurar una base de datos integrada que permita a los órganos gubernamentales trazar políticas públicas costo-efectivas, coordinadas entre sí, atemperadas a nuestra realidad, de fácil monitoreo y con resultados medibles. 

 

  1. LA FAMILIA DEL SIGLO XXI

La familia puertorriqueña ha variado en estructura y funciones en las últimas décadas. Las repercusiones del cambio social acelerado que atravesó Puerto Rico dejaron sentir su impacto en lasnuevas estructuras familiares. Diversos indicadores denotan los efectos sobre la estructura familiar, tales como: (a) cambios en las tasas de matrimonio; (b) aumento en separaciones y divorcios; (c) aumento en las parejas que conviven sin estar casados; (d) aumento en el número de niñ@s que nacen de relaciones fuera del matrimonio; (e) aumento en el número de niñ@s expuestos a padres o madres 'en serie' o sucesivos; (f) aumento en el número de hogares donde está a cargo una sola persona adulta, particularmente mujeres; (g) aumento de la población de edad avanzada y con mayor expectativa de vida; (h) descenso en la tasa de natalidad en los últimos 40 años, con excepción de los nacimientos entre madres adolescentes; (i) estructuras de familia alternas a las tradicionales.

Como resultado de estos cambios, las familias han tenido que alterar los papeles ejercidos por algunos de sus miembros para cumplir con nuevas funciones. Sin embargo, la política pública sobre la familia permanece prácticamente inalterada y el gobierno no ha atemperado la legislación ni sus programas y servicios a las transformaciones estructurales familiares.

Proponemos:

  1. Crear un Centro de Estudios de la Familia (CEF) que incorpore representantes de agencias gubernamentales -la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada, de las Personas con Impedimentos, Procuradores de Menores, del Programa de Intervención Temprana del Departamento de Salud, del Departamento de la Familia, la Oficina de Asuntos de la Juventud, el Observatorio de Género (propuesto en este Programa), del sector académico y organizaciones profesionales y comunitarias para examinar las necesidades de las nuevas estructuras familiares, el impacto de las mismas sobre sus integrantes y los contextos sociales en los cuales interactúan (escuela, iglesia, comunidad, trabajo). Los integrantes de este Centro evaluarán la efectividad de la política social promulgada referente a la familia y sus componentes, y recomendarán legislación para atemperar la provisión de servicios y ofrecimientos gubernamentales a sus necesidades reales. El acercamiento del Gobierno a las variadas estructuras familiares partirá del respeto a la diversidad y del reconocimiento a la igualdad y los derechos humanos que le asisten a cada uno de sus componentes.
  2. Desarrollar y asignar recursos a programas gubernamentales y comunitarios para el desarrollo de destrezas individuales y familiares sobre temas como:
        1. cuido y crianza de niñ@s
    1. el fomento de relaciones de respeto e igualdad entre las parejas
    2. destrezas de comunicación efectiva y respetuosa entre los componentes de la familia, así como manejo de conflictos a través del diálogo y la negociación
    3. necesidad de trabajo y cooperación de cada miembro de la familia con las tareas del hogar
    4. destrezas para enfrentarse a cambios en las funciones familiares, así como manejo y negociación de relaciones familiares tras una separación o divorcio
    5. comprendiendo cambios de la adolescencia
    6. destrezas necesarias para cuidar una persona de edad avanzada en el hogar
    7. destrezas necesarias para cuidar una persona con impedimento
      1. manejo de situaciones familiares creadas por la adicción a sustancias legales o ilegales de uno de sus miembros
  1. planificación y manejo de presupuesto, plan de ahorro y planificación del retiro
  2. los cambios y ajustes de la funciones tradicionalmente atribuidos al hombre y a la mujer a través del tiempo.

Aunque al presente existe alguna legislación y programas sobre este particular, urge evaluar su alcance y efectividad, integrar aquellos esfuerzos aislados que han resultado exitosos, así como los esfuerzos de investigación académicos.

  1. Incentivar esfuerzos conducentes a conciliar la esfera laboral con la doméstica, de forma que las personas puedan cumplir con sus tareas de trabajo y familiares en asuntos, tales como, (a) promover legislación para flexibilizar el horario de trabajo en el gobierno, (b) identificar toda labor o actividad gubernamental que pueda ser realizada por [email protected] desde su hogar o a distancia sin que ello afecte sus salarios y beneficios actuales, (c) incentivar contributivamente a patronos que adopten políticas flexibles en el manejo de asuntos familiares por sus [email protected]
  2. Se adoptará un Programa Nacional de Centro de Cuido de Niños y Niñas atendiendo los ámbitos de accesibilidad, distribución por regiones y aportación al pago de los mismos creando conciencia sobre este tipo de servicio como una inversión social beneficiosa para la comunidad. Se creará un Reglamento uniforme para estos centros para uso de todas las agencias reguladoras.
  3. Aumentar los servicios de acompañantes y amas de llave para atender los niñ@s con necesidades especiales. 
  4. Establecer y apoyar organizaciones comunitarias que ofrecen servicios de apoyo a las familias que tienen niñ@s con necesidades especiales con el objetivo de que éstas puedan contar con personal que los sustituya en el cuidado de sus niñ@s (Programas de Respiro).
  5. Crear un Programa Nacional de Centros de Cuido de [email protected] Mayores que considere la realidad demográfica actual, en la que destaca un creciente aumento de la población envejecida, con mayor expectativa de vida y nivel educativo, particularmente de mujeres, y promover programas comunitarios de respiro para ayudar a las familias trabajadoras que asumen el cuido de sus padres.
  6. Incorporar en el currículo escolar desde grados primarios cursos sobre la evolución, transformación y estado actual de la familia puertorriqueña y la construcción social del género que incluya modelos exitosos de estructuras alternas a la tradicional nuclear e información de programas y servicios de apoyo gubernamentales disponibles. Con ello se reconoce a la estructura familiar como agente socializador vital con potencial de cambiar o perpetuar estigmas y estereotipos que resultan muchas veces dañinos a sus propios componentes.
  7. Crear programas comunitarios de apoyo y respiro para familias en estructuras alternas (madres solteras y padres solteros, familias con personas con impedimentos, madres adolescentes, parejas de [email protected] mayores) considerando horarios no tradicionales de servicios.
  8. Asignar recursos para programas de recreación comunitaria, particularmente para familias de escasos o medianos recursos de forma que disfruten de teatros, ferias, museos y conciertos al aire libre, así como creación de parques pasivos en diferentes regiones del país como lugares de sano esparcimiento.
  9. Legislar para que, a través del Canal del Gobierno y con el asesoramiento de académicos y organizaciones profesionales, se cree programación educativa sobre asuntos de interés de la familia, para ser distribuidos en videos, internet o discos compactos, cuyos temas aborden la prevención de la violencia, destrezas de crianza, manejo de emociones y frustraciones, entre otras problemáticas. Coordinar su transmisión mandatoria en estaciones del Tren Urbano, oficinas gubernamentales y que se promueva en lugares privados, tales como, salas de espera en consultorios médicos, hospitales, bancos, entre otras.
  10. Iniciar el readiestramiento de todo el personal gubernamental de programas dirigidos a la familia para fomentar la intervención transdisciplinaria congruente con los cambios sociales que caracterizan a la familia. Esto incluye la creación de becas para educar o re-educar estos profesionales.
  11. Integrar universidades y otros centros educativos a estos esfuerzos reclutando facultad y estudiantes como interventores, investigadores y evaluadores de programas de servicio y experimentales.
  12. Asignar los recursos necesarios para cumplir con el Plan Nacional de Prevención Primaria de la Violencia -según mandata la Ley 467 del 23 de septiembre de 2004-asignando particular atención a la violencia que se origina en el contexto doméstico y sus repercusiones en el ámbito social en general, e integrar los esfuerzos realizados por entidades similares para no fragmentar los recursos existentes.
  13. Se realizará campaña masiva acerca de los servicios que ofrece la Línea de Orientación y Apoyo Familiar del Departamento de la Familia y se evaluará su efectividad.

 

  1. NIÑEZ

Luego de aprobarse la Convención de los Derechos del Niño en 1989, numerosos países, (exceptuando a los Estados Unidos y por ende Puerto Rico dada su condición colonial) consignaron una Declaración que impone las responsabilidades y deberes del Estado respecto a la niñez. A raíz de esta Convención muchos gobiernos se proclamaron Ciudades Amigas de la Niñez lo que significaba adoptar principios y políticas gubernamentales en asuntos como: reconocer a los niñ@s como sujetos titulares de derechos ciudadanos; su necesidad de ser escuchados, protegidos, y ser partícipes de la política gubernamental que los afecta; apoderarlos para tomar decisiones; la promoción de valores no violentos desde la niñez y capacitar para ello a aquellos que trabajan con niñ@s; educar sobre métodos no violentos de crianza; reducir la polarización generacional; entre otros.

En Puerto Rico, sin embargo, los programas y servicios sociales, de salud, educativos y sicológicos para servir las necesidades de nuestros niñ@s son insuficientes. Tampoco vemos suficientes espacios públicos o actividades donde los niñ@s puedan compartir de manera sana, activa y entretenida. La niñez continúa siendo más vulnerable que el resto de la población a la violencia, al maltrato físico, sicológico o sexual, a relaciones sexuales prematuras no protegidas, y a que se les niegue su derecho a ser escuchados y a participar de diversos espacios sociales que le son pertinentes, como los programas educativos, de salud, de recreación, y de aquellos que se dedican a combatir la pobreza.

Ante esa realidad, el PIP se compromete a:

      1. Cambiar los currículos y políticas gubernamentales que asumen formas discriminatorias contra los niñ@s mediante campañas que promuevan el pleno disfrute de sus derechos humanos y cambiar el paradigma de que los niñ@s no son sujetos titulares de derecho con necesidad de participar y ser escuchados sobre lo que los afecta.
      2. Continuar con las estrategias educativas y preventivas existentes, o poner en marcha donde no existan, mediante coordinación intraescolar e interagencial y una integración de módulos educativos adaptados por edad al currículo regular de clases en escuelas públicas y privadas. La prioridad será el desarrollo de servicios de intervención temprana con familias que estén el alto riesgo de confrontar problemas de violencia o integración social.
      3. Intercalar durante la programación infantil, y mediante acuerdos con los medios de comunicación, pautas educativas sobre cómo prevenir y denunciar amenazas a su salud física y mental, maltrato, violencia  sexual, prostitución infantil, valores universales, equidad de género y educarlos para que conozcan sus derechos.
      4. Evaluar la efectividad de los programas e iniciativas actuales del Departamento de la Familia dirigidos a fomentar la crianza adecuada y formas de disciplina no maltratantes. Se considerará que la participación en estos talleres no sea voluntaria sino por referidos de las propias agencias, de los Sistemas de Tribunales o de profesionales de ayuda que intervengan con menores o adolescentes en alto riesgo o crisis. La provisión de los talleres estará sujeta a supervisión y rendición de cuentas, de manera que se asegure el uso efectivo y prudente de los recursos que a ese fin se destinen. Se coordinarán también estrategias de intervención en las oficinas del Registro Demográfico al momento de la inscripción de un menor.
      5. Crear Centros de Crisis para menores en varias regiones del país para casos de maltrato, remoción de hogar, violencia doméstica, abuso sexual, entre otras situaciones, que cuente con intervención transdisciplinaria para atender la salud mental de los menores envueltos en situaciones que ponen en riesgo su integridad física y estabilidad emocional. Esto incluye dotar de mayores recursos humanos y fiscales al único centro de ayuda existente, adscrito al Hospital Regional de Bayamón.
      6. Hacer cumplir la Ley 170 que requiere nombrar un Psicólogo Escolar en cada escuela, la Ley 149 que restablece el curso de Educación Física en las escuelas, la Ley 49 que establece un curso sobre Gobierno y Derechos Civiles en las escuelas. Presentar proyectos para viabilizar que se realicen pruebas de inventario de intereses académicos en las escuelas, educación continua para maestros, sobre condiciones de salud que afectan el aprendizaje, la creación de un Fondo de Promoción y Salud Escolar, entre otros.
      7. Revisar la legislación existente y proveer recursos para la prevención del maltrato, ya que la intervención temprana y la reeducación de los padres reducirá el número de remociones e intervenciones por abuso o maltrato. Serán prioridades las siguientes:
        1. Evaluar el funcionamiento del Departamento de la Familia, para identificar y atender las causas en el atraso de manejo de casos y referidos; promover mayor eficiencia en los niveles intermedios de supervisión y una fiscalización estricta los recursos asignados.
        2. Mejorar las condiciones laborales de las [email protected] sociales y reevaluar los mecanismos de identificación, intervención y monitoreo de casos para reducir el tiempo de espera en la resolución de los mismos, y establecer la coordinación necesaria con otras agencias o dependencias, como la Administración de Tribunales, para la intervención de [email protected] [email protected] sociales en procesos judiciales y de otro tipo no represente, como hasta ahora, una carga de difícil manejo en términos de tiempo y comparecencias.
        3. Monitorear los procesos que el Departamento de la Familia ponga en vigor al amparo de la Ley Núm. 246 del 16 de diciembre de 2011, intitulada Ley de Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, según enmendada, de manera que se recopilen datos y estadísticas que sirvan para medir su adecuación y facilite la revisión periódica y las enmiendas que procedan para garantizar su eficacia.
        4. Fortalecer el Programa de Intervención Temprana del Departamento de Salud -que atiende menores con impedimentos en la etapa de 0 a 3 años-para que haya una coordinación y transición efectiva de servicios preventivos con los Departamentos de Educación y Familia. En el diseño de políticas públicas preventivas para menores se explorará el sentir y recomendaciones de organizaciones como el Colegio de Nutricionistas, la Academia de Pediatría, el Colegio de Trabajadores Sociales, psicó[email protected] y psiquiatras infantiles, demógrafos, salubristas, entre otros.
        5. Asignar mayores recursos económicos a organizaciones no gubernamentales que ofrecen servicios y albergue a menores, y a la par, se aumentará la fiscalización de los hogares sustitutos y de crianza, para que cumplan con parámetros estrictos en torno al bienestar y mejor interés de los menores, particularmente su estabilidad emocional. En las remociones de un menor de su hogar é[email protected] atravesará un proceso de estabilización emocional en los Centros de Crisis aquí propuestos.
        6. Crear programas para reducir vulnerabilidad de niñ@s a enfermedades sexualmente transmisibles mediante estrategias de prevención y educación.
        7. Dar cumplimiento a la Carta de Derechos del Niño -Ley 338 del 31 de diciembre de1998-y revisar la legislación existente en las agencias que ofrecen servicio a la niñez para evaluar su efectividad y proponer los cambios necesarios mediante la preparación de un Código de la Niñez.
        8. Dar seguimiento al Plan Nacional contra el Maltrato de Menores del Departamento de Familia que incorporó recomendaciones de diversos grupos y profesionales en torno a estrategias preventivas y holística para trabajar con esta problemática.
        9. Dar seguimiento y diseminar los programas y equipos de apoyo multisectoriales que puedan desplazarse a escuelas, el hogar o la comunidad donde reside un menor identificado tempranamente como de alto riesgo de incurrir en conductas inadecuadas. Los Departamentos de la Familia, Justicia, Educación, Salud, Recreación y Deportes, Trabajo y Salud, a través de ASSMCA, además de los municipios donde resida el menor, participarán de este esfuerzo.
  1. JUVENTUD

La juventud puertorriqueña es el sector más duramente castigado por la violencia que reina en el país. Más de la mitad de los homicidios reportados cuentan como víctimas a menores de treinta años. Puerto Rico figura entre las naciones con tasas más elevadas de homicidios entre los jóvenes de 15 a 29 años por unidad de población. Un 36 por ciento de la población penal está compuesta por jóvenes, entre 18 y 29 años de edad, y se ha reportado que el 57 por ciento de [email protected] [email protected], al momento de cometer delito, está desempleado, el 48 por ciento tenían ingresos anuales de $20,000 o menos, el 38 por ciento tiene un nivel de escolaridad de 9no grado o menos y un 69 por ciento ha sido usuarios de drogas (aunque no todos padezcan de adicción).

Otro gran reto que enfrentamos, al proponernos un proyecto político para construir un país próspero en el cual impere la justicia social, es el éxodo masivo de nuestra juventud. Perdemos a nuestros ciudadanos en edad productiva que tienen el potencial de emprender gestiones empresariales y laborales que aportarían al desarrollo económico de Puerto Rico. La emigración representa la fuga de las destrezas, talentos y capacidades en las cuales nuestro pueblo invirtió a través del Departamento de Educación, la Universidad de Puerto Rico e instituciones privadas. Para el año fiscal 2015-16 los presupuestos del Departamento de Educación (DE) y la Universidad de Puerto Rico (UPR) ascendieron 3.2 mil millones y 1.4 mil millones de dólares respectivamente.  En ambos casos, sobre el 60 por ciento de esta inversión proviene del Fondo General. No podemos permitir que nuestra inversión se diluya en el abismo de la emigración. En esta coyuntura de crisis económica nos corresponde crear las condiciones para que nuestros jóvenes no se vean obligados a abandonar su terruño. 

Proponemos invertir los recursos del Estado en proyectos de desarrollo económico que creen las condiciones laborales para retener a nuestros jóvenes. Crear las condiciones socioeconómicas adecuadas en las instituciones que forjan y emplean a nuestros jóvenes contrarresta la desigualdad conducente al crimen y la deserción escolar-universitaria. 

Esta generación de puertorriqueños sólo han conocido la debacle y la crisis del ELA colonial, esta sección del programa de gobierno busca inculcarle la esperanza, la seguridad y la acometividad a nuestros jóvenes para enfrentar los retos

Para hacer realidad la aspiración de las generaciones más entradas en edad, de legarle a nuestra juventud un país con futuro menos sombrío, presentamos las siguientes propuestas:

 

  1. JÓVENES EN EDAD ESCOLAR

Los jóvenes en edad escolar expresan frustración ante los efectos de políticas educativas que durante décadas han estado mal orientadas. Las mismas han mostrado ser medidas inefectivas por parte de un gobierno que no le presta la atención que los jóvenes requieren. Es por eso que el sistema escolar pierde pertinencia.  Por otra parte, las deficiencias crecientes en el aspecto psicológico, motivacional y familiar conducen a una cantidad importante de jóvenes a sentirse desmotivados, a no mostrar apego a su escuela y a su comunidad, a desertar o exhibir comportamientos sociales delictivos. Por estas razones el PIP se compromete a: 

Iniciar una verdadera reforma educativa, la cual se analiza detalladamente en la parte de este Programa que discute el tema de Educación. Dicha reforma debe lograr:

  1. Que la educación responda a las necesidades individuales de cada estudiante. Éste debe poder jugar un rol participativo, de acuerdo a su edad o estado de desarrollo, y decisional en lo que respecta a la orientación de su futuro educativo en temas tales como las materias que tomará, si sus estudios estarán concentrados hacia las artes, deportes, estudios vocacionales u otras alternativas. Para esto los salones o unidades de enseñanza deben contar con una razón adecuada de profesores a estudiantes.
  2. La ampliación de las opciones educativas vocacionales, construyendo o reorganizando escuelas para ampliar la oferta de cursos prácticos a tenor con la realidad del mercado de empleo y los avances tecnológicos.
  3. Que se provean opciones alternas a la escuela tradicional para [email protected] [email protected] escolares de forma tal que puedan encontrar maneras de adquirir destrezas educativas y vocacionales. Por lo general, [email protected] [email protected] escolares no desean regresar a la escuela por lo que necesitan otras alternativas para continuar su educación. Es indispensable que se ayude tempranamente a las familias cuando comienzan a confrontar problemas de conducta con sus adolescentes o exhiben éstos factores de riesgo mediante el desarrollo de servicios de intervención multidisciplinaria. Para lograr esto, los Departamentos de la Familia y Educación tendrán que trazar estrategias coordinadas.
  4. Devolver al currículo regular la integración de programas de idiomas,  bellas artes y de educación física, tan abandonados por las pasadas administraciones.
  5. Implantación de programas en horario escolar extendido que incluyan la promoción de actividades deportivas, artísticas y de servicios comunitario que conviertan a las escuelas y a las organizaciones comunitarias en recursos que promuevan el que los jóvenes se mantengan en actividades sanas y dirigidas al fortalecimiento de su desarrollo valorativo, social y emocional.
  6. Desarrollo de un programa de apoyo multidisciplinario para intervenir con jóvenes en alto riesgo o identificados con problemas de conducta, que asuma los distintos escenarios en que se desenvuelven (escuela, hogar, comunidad) y que recabe el apoyo de profesionales especializados en las diversas agencias gubernamentales, tomando siempre en consideración programas o iniciativas innovadoras y efectivas ya experimentadas;
  7. Programas de verano educativos y de interés para la juventud, que contribuyan a la formación integral del estudiante y al fortalecimiento de sus valores morales y sociales.
  8. Establecer política pública para prevenir, atender, orientar, penalizar y dar seguimiento a la violencia en el noviazgo, tanto con y entre menores como mayores de edad.
  9. Promover la participación activa e integración de [email protected] estudiantes en los procesos organizativos, sociales y decisionales que afectan su educación y desarrollo individual. Para esto es menester:
      1. Introducir legislación donde se establezca el derecho del estudiantado de escuela superior a organizarse en consejos de estudiantes con el propósito de ampliar, conjuntamente con [email protected] [email protected] y los padres, la participación de los estudiantes en las decisiones del proceso de enseñanza-aprendizaje, y como mecanismo de desarrollar destrezas de liderato.
  10. Incentivar actividades relacionadas al arte, tanto en las escuelas como en las comunidades: estableciendo programas de teatro, música, artesanía y otras artes liberales en éstas y promoviendo y apoyando las iniciativas comunales donde se utiliza el arte como mecanismo de integración social, toma de conciencia y de compromiso social de cada individuo, además de como fuente de promoción para la salud integral para el pueblo.
  11. Promover la participación e integración de figuras destacadas en las distintas áreas del deporte y de las bellas artes para que participen de clínicas y talleres dirigidas a los jóvenes, motivándolos a ver en el deporte, una vía de recreación y superación.
  12. Estimular la creación o disponibilidad de empleos para jóvenes, en el sector público y en el privado, durante los períodos de receso escolar, o durante el año escolar en horas en que los jóvenes están fuera de la escuela y sujetos a supervisión mínima. Se promoverá el desarrollo de programas de estudio y trabajo similares a los que se les proveen a [email protected] estudiantes en las universidades. Áreas de trabajo podrían ser la biblioteca, el comedor escolar, mantenimiento de equipo deportivo, técnico de computadoras u otros equipos electrónicos, empleos de tutores, entre otros. Se fomentarán además proyectos innovadores dirigidos a que los jóvenes aprendan a desenvolverse económicamente y que desarrollen responsabilidad, buena organización del tiempo, puntualidad, entre otras.
  13. Asegurar la participación de la juventud en la lucha contra la criminalidad. A esos efectos, tendrá una participación activa y destacada en las actividades de las asociaciones vecinales que se promoverán como parte de los esfuerzos de prevención de la criminalidad tales como actividades deportivas, sociales y culturales en las comunidades y urbanizaciones del país.
  14. Incentivar la educación en salud y desarrollar programas de prevención y ayuda al joven estudiante, áreas que carecen de un plan eficiente y apropiado para asegurar el desenvolvimiento integral y armonioso del estudiante en su plano educativo, social y familiar. Estos programas deben además, fomentar y facilitar la integración de los jóvenes en los procesos sociales que les incumben, promoviendo su salud integral y ayudando a prevenir, por ejemplo, los embarazos no deseados. Para lograr esto, proponemos:
  1. Establecer programas educativos para el desarrollo de una sexualidad sana y responsable, donde se integre a la familia, el estudiante, el personal escolar y la comunidad,  a fin de prevenir los embarazos en adolescentes y el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Estos programas, enfocados en la prevención en todas sus vertientes, serán ofrecidos atemperándose a las distintas etapas de desarrollo, tanto físico como mental, de los jóvenes, pero comenzarán a ofrecerse a edad temprana.
  2. Apoyar económica y organizativamente proyectos escolares y comunitarios dirigidos a trabajar con: la prevención del VIH/SIDA, así como de otras enfermedades de transmisión sexual; prevención y tratamiento de la anorexia y la bulimia; prevención del uso y abuso de drogas y prevención de suicidios, cuya tasa ha ido en constante aumento, haciendo uso de estrategias que apelen a esta población.
  3. Velar por el cumplimiento cabal de la Ley 170, la creación escalonada de plazas de psicó[email protected] escolares en las escuelas públicas, ajustándolas periódicamente a las necesidades de [email protected] estudiantes y de la comunidad escolar. [email protected] psicó[email protected] escolares son un pilar integral para la conservación y desarrollo de la salud mental de los estudiantes, padres y maestros.

 

  1. JÓVENES EN EDAD UNIVERSITARIA

La Universidad debe ser instrumento de formación de profesionales comprometidos con su país; la Universidad de Puerto Rico no debe estar sujeta a directrices o intereses que responden primariamente al mandato político de turno. Se hace necesario encarrilar la educación universitaria como instrumento de los jóvenes para aportar el máximo de su potencial y capacidades a su país y al bienestar general, y no meramente como un fin de obtener un empleo bien remunerado o satisfacciones individuales. Durante los últimos años el alza en los costos y cuotas de matrícula, la imposición de cuotas especiales, sumado al aumento en los precios del hospedaje, el agua, la luz, libros, transportación, materiales, etc., han transformado la carrera universitaria en una extremadamente onerosa que ha provocado el aumento de las deudas estudiantiles, a la vez que ha desincentivado y desanimado al joven que decide continuar con sus estudios.

Como una forma de lidiar con esta problemática, el PIP propone:

 

a.   Constituir una nueva Ley orgánica de la Universidad de Puerto Rico que garantice:

 

    1. Aumento en la participación estudiantil en la dirección de la Universidad (Ej. Junta de Gobierno), en condiciones de igualdad con los administradores académicos, la facultad y el personal no docente.
    2. Injerencia en el proceso de decisión, evaluación y selección de los miembros de las juntas rectoras del Sistema Universitario (Ej.: Junta de Gobierno), ya sea por votación directa o por representación, en igualdad de condiciones con los demás miembros de tales juntas.
    3. Revisión periódica obligatoria de los currículos, con participación directa y sustancial de la comunidad estudiantil.
    4. Una matrícula justa y proporcional, que se ajuste al nivel de ingresos y capacidad de pago del estudiante, para asegurar el acceso de todos al sistema universitario sin que medien consideraciones económicas.
    5. Expandir los programas de estudio y trabajo y sus remuneraciones de manera escalonada, estableciendo como prioridad que se otorgue la mayor cantidad de plazas de empleo posibles a los estudiantes de cada Recinto.
    6. Promover un ambiente adecuado, ameno y saludable para el estudio, dentro y fuera de la Universidad, que tenga como objetivo conservar y mejorar la salud física y mental del universitario, además de asegurar su permanencia en la universidad e incentivar la continuación de sus estudios.
    7. Reducir el hacinamiento de automóviles y escasez de estacionamientos en los Recintos de la isla, creando legislación para establecer tarifas preferenciales para el uso de trasporte público a los jóvenes universitarios.
    8. Habilitar estacionamientos alternos cercanos a los Recintos, con transportación colectiva gratuita entre éstos.
    9. Establecer servicios específicos, incluyendo hogares hospedajes, para la población de jóvenes residentes en hogares de crianza o sustitutos que han cumplido los 18 años y que por ello no cualifican para seguir bajo la tutela del Departamento de la Familia.
    10. Establecer incentivos para estudiantes sobre salientes a través de becas (estatales y municipales), descuentos matrícula, entre otros.
    11. Clarificar y fortalecer mediante la revisión profunda y orientada de la legislación que establece el sistema de servicios de promoción de salud integral, disponible para jóvenes entre 18 y 21 años de edad que, por ello, no cualifican para seguir bajo la custodia del Departamento de la Familia, ni cualifican para recibir ayudas económicas ni para vivienda pública. El "limbo" sistémico en la provisión de servicios a esta población los ubica en una posición vulnerable y de alto riesgo para exhibir comportamientos sociales delictivos (como integrarse a la economía subterránea del trasiego de drogas) o comportamientos que pueden ir en deterioro de su salud y bienestar pleno.
    12. Impulsar una reestructuración administrativa y académica de la Universidad de Puerto Rico que elimine las ineficiencias que redundan en gastos excesivos  con el fin de invertir las economías en proyectos que revitalicen la institución.
    13. Legislar para que el Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico desarrollen planes estratégicos quinquenales para atender el aprovechamiento académico de [email protected] estudiantes del DE y así lograr economías en cursos básicos y remediales de la UPR.
  1. JÓVENES ADULTOS Y PROFESIONALES

Los jóvenes adultos y profesionales constituyen un sector económico y productivo de gran importancia. Son el resultado de años, dinero y esfuerzo invertido, tanto del Gobierno como de los propios individuos, en el desarrollo de nuestro capital humano. Puerto Rico se distingue por la cantidad de profesionales y [email protected] [email protected] que instruye y prepara. Sin embargo, nuestro sistema económico y político en extremo obsoleto, ha impedido el desarrollo de nuestros jóvenes adultos y la utilización apropiada de tan significativo recurso. No estamos creando la cantidad de empleos suficientes para satisfacer las necesidades de este grupo lo cual los impulsa a emigrar en busca de oportunidades.

El desempleo entre jóvenes y la fuga de talento drenan a nuestro país de su más importante recurso. Para atender las urgentes necesidades de este sector, el proponemos:

  1. Combatir toda propuesta (como la presentada por el Informe Krueger y mal llamado Plan de Recuperación Económica del PPD del 2015) de reducir el salario mínimo, los beneficios y de limitar los derechos laborales de [email protected] [email protected] más jóvenes.
  2. Establecer incentivos contributivos a compañías que empleen jóvenes recién egresados de la Universidad con el objetivo primario de reducir el desempleo.
  3. Proveer apoyo técnico, financiero y contributivo a iniciativas empresariales de jóvenes o para empresas que empleen principalmente jóvenes entre las edades de 18 y 25 años, con el objetivo de enfrentar efectivamente el elevado nivel de desempleo prevaleciente en este renglón de la juventud.
  4. Implantar programas de orientación sobre formas eficaces de ahorro y manejo de los ingresos, para incentivar el ahorro y los planes de retiro.
  5. Instituir mecanismos eficaces para promover el desarrollo responsable del crédito individual.
  6. Crear empleos, incentivando coaliciones entre jóvenes profesionales, estudiantes y universidades privadas y públicas para establecer centros de investigación y desarrollo, estimulados por el Estado.
  7. Diversificar la economía incrementando así la demanda de empleo para las carreras profesionales relegadas en el modelo económico actual, teniendo en consideración una política económica coordinada que sirva los intereses nacionales. Es imperativo desarrollar la industria del conocimiento, informática, farmacéutica, eco-turística, liviana y agrícola para asentar una economía de prosperidad y desarrollo sostenible.
  1. PARA TODOS LOS JÓVENES

Nuestra misión es brindarle a las nuevas generaciones una mejor calidad de vida en todas sus variantes, para de esa forma asegurar el total desarrollo de nuestros jóvenes y su preparación integral para los retos del presente y del futuro. Por esta razón, además de lo expuesto anteriormente, el PIP:

  1. Ampliará la oferta de becas estudiantiles a jóvenes destacados en las artes, los deportes y las materias vocacionales.
  2. Establecerá mediante legislación la entrada gratuita o a un costo nominal a museos, reservas naturales, parques nacionales u otros lugares de alto interés educativo a todos los jóvenes de hasta 21 años de edad.
  3. Reformará el sistema de justicia juvenil para ofrecer la rehabilitación eficaz de los jóvenes que incurren en conducta antisocial. Es preciso dotar el sistema de suficientes recursos económicos, de recursos humanos debidamente adiestrados y re-adiestrados, y de instalaciones físicas adecuadas.
  4. Dará especial atención a los jóvenes que evidencien problemas de aprendizaje de manera que se les ayude a vencer la frustración que les genera el haber fracasado en su aprovechamiento escolar y se motiven a continuar desarrollando sus destrezas.
      1. [email protected] MAYORES

La población de [email protected] mayores en Puerto Rico ha crecido significativamente. Se estima que para el año 2025 el sector con sesenta años o más representará un 23 por ciento de nuestra población total. La mayoría de ellos viven en el área metropolitana y más de un 40 por ciento vive bajo condiciones de pobreza. Los [email protected] mayores necesitan más y mejores servicios de salud, de cuidado diurno y residencial, acceso a medicamentos, atención a los problemas de violencia, mayor estabilidad económica al momento de su retiro o vejez y mejorar su calidad de vida. Durante años no se han asignado los recursos necesarios ni se han articulado políticas adecuadas a corto, mediano y largo plazo para atender las necesidades que tiene este sector poblacional. 

De otra parte, predomina una concepción equivocada en nuestra sociedad de que envejecer es sinónimo de aislamiento, improductividad e inutilidad, en contraste con la gran aportación que continua haciendo este sector poblacional, en términos económicos (por [email protected] que continúan trabajando después de su retiro para complementar sus reducidos ingresos), en términos sociales (por el apoyo que éstos ofrecen a sus [email protected] en el cuido de [email protected], en gestiones personales y ayuda en el pago de deudas y por los servicios voluntarios que ofrecen en organizaciones no gubernamentales), y en términos educativos (como tutores, consejeros y [email protected] sustitutos de menores removidos), entre otros.

A pesar de su importancia, el país ha desarrollado un clima de hostilidad hacia los [email protected] mayores, haciéndolos altamente vulnerables al maltrato, a la pobreza, al fraude, al crimen, al aislamiento social por no contar con métodos confiables de transporte, a padecer de enfermedades prevenibles por el pobre acceso a servicios de salud, recreación, vivienda, entre otras. Es indispensable eliminar toda forma de discrimen contra este sector, garantizarles el pleno disfrute de sus derechos humanos, una autoimagen saludable y promover medidas que los ayuden, de acuerdo a sus posibilidades, a mantener la mayor independencia física, económica, mental y emocional.

Para este sector poblacional proponemos:

  1. Dotar a la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada de los recursos económicos y humanos necesarios para enfrentar de forma planificada la explosión demográfica en el país de manera que pueda identificar y atender las necesidades particulares de esta población.
  2. Tomar las medidas necesarias para proteger los sistemas de retiro de los [email protected] gubernamentales.
  3. Recopilar investigaciones gubernamentales y académicas que nos permitan llevar a cabo campañas educativas a través de los medios masivos sobre las etapas de la vida y el cambio demográfico y generacional, eliminar toda forma de discrimen contra las personas de edad avanzada, promover el disfrute pleno de sus derechos, y la importancia de conservar la salud física y mental, y evitar que sean víctimas de maltrato, violencia o fraude.
  4. Organizar un Plan Nacional Integrado de Actividades y Proyectos para [email protected] Mayores que contribuya a que esta población se mantenga activa, y en la manera que sea posible, productiva a través de trabajos a tiempo parcial, del voluntariado, o desarrollo empresarial, que tenga una autoimagen saludable y que no estén impedidos de tener mayor independencia física, económica, mental y emocional.
  5. Proveer, a través de los municipios, de la Procuraduría y del Departamento de Recreación y Deportes, servicios recreativos y de actividades deportivas para [email protected] mayores.
  6. Diseñar una Tarjeta Única de Descuentos para hacer uso de medios de transporte, disfrutar de espectáculos, actividades de recreación y educativas, pero minimizando el perjuicio a los productores de actividades y espectáculos.
  7. Promover que se tome conocimiento de las necesidades particulares de este sector y de los cambios poblacionales a la hora de articular políticas públicas y en la toma de decisiones en agencias, tales como, Oficina de Gerencia de Permisos, la Junta de Planificación, los Departamentos de Vivienda, Salud, y Familia, y en los Planes de Ordenamiento Territorial de los Municipios.
  8. Promover cooperativas de vivienda, facilidades de salud comunitaria y de servicios sociales integrados para [email protected] mayores, dando especial atención a aquellos que no cuentan con hijos, familiares cercanos o a los cuales se les dificulta ser atendidos por sus hijos.
  9. Proveer subsidios y descuentos especiales en la compra de medicamentos promoviendo acuerdos gubernamentales con las farmacéuticas establecidas en la isla, que a pesar de contar con numerosas exenciones contributivas y de producir aquí una gran cantidad de los medicamentos más utilizados por [email protected] [email protected] mayores puertorriqueñ@s se nos venden a precios exorbitantes.
  10. Hacer cumplir las disposiciones de centros de cuidado diurno y residencial, relativas a la supervisión, evaluación y licenciamiento, aumentando el número de inspecciones y creando un reglamento uniforme para el uso de todas las agencias reguladoras.
  11. Aumentar los servicios de transportación asistida, acompañantes y amas de llave y apoyar organizaciones comunitarias que ofrezcan servicios de respiro a familias.
  12. Promover el cumplimiento de la Ley 17 del 23 de enero de 2006 (de nuestra Delegación Legislativa) que establece la preferencia en la otorgación de empleos para [email protected] mayores que no han completado los trimestres necesarios para recibir su seguro social.
  13. Promover cambios al ordenamiento existente para dar protección a aquellos cónyuges que, al afrontar su viudez, sólo cuentan con una protección mínima en cuanto a la vivienda adquirida con su pareja.
  14. Obligar a las agencias y municipios tendrán la obligación de orientar a sus empleados sobre la importancia de planificar con tiempo planes de retiro y ahorro para la jubilación, manejo de presupuesto y procesos de ajuste en la etapa de jubilación.
  15. Se coordinarán alianzas con empresas privadas, organizaciones de base comunitaria y de Fe, organizaciones sin fines de lucro y comunitarias, en áreas como: aprovisionamiento de comidas calientes a quienes lo necesiten, reparación de daños o modificaciones en sus viviendas, arreglos menores de plomería, electricidad, filtraciones, enseres, entre otros.
  16. Se tomarán las medidas para atajar el déficit previsto en los sistemas de retiro de empleados de gobierno, generado por décadas de pésima administración, y se establecerán mecanismos de supervisión y fiscalización para evitar que esta crisis se continúe repitiendo.
  17. Promover la educación de profesionales relacionados a la geriatría y gerontología mediante acuerdos con instituciones académicas, otorgación de becas o incentivos a investigaciones.
  18. Tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad económica de personas envejecidas, con impedimento o incapacitadas por condiciones de salud.
  19. Considerar en el diseño e implantación de políticas de salud, las particulares necesidades de las mujeres envejecidas, y la frecuente falta de recursos para el tratamiento médico de condiciones crónicas o el desarrollo de limitaciones físicas asociadas a la vejez.
  20. Promover la integración de [email protected] mayores a actividades comunitarias, bien como empleo remunerado, de voluntariado o desarrollo empresarial.
  21. Promover el desarrollo de comunidades de vida asistida para personas envejecidas y ampliar los servicios de ama de llaves.
  22. Desarrollar política pública para establecer programas de educación y apoyo a personas cuidadoras de pacientes de enfermedades debilitantes tales como Alzheimer, fibromialgia o de condiciones que requieran la atención continua de personas envejecidas.

 

      1. PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

La población con diversidad funcional es uno de los sectores que ha sido víctima de numerosas prácticas de exclusión social. Aunque el respeto a la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos está contenido en muchas de nuestras leyes y reglamentos, no ha podido traducirse en servicios y programas de gobierno efectivos y en prácticas ciudadanas que fomenten la inclusión de las personas con diversidad funcional. Urge dar fiel cumplimiento a la Ley 238 del 31 de agosto de 2004, conocida como la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos. Esta ley, de la autoría de nuestra Delegación Legislativa, dispone el marco filosófico que debe guiar la integración plena o inclusión de las personas con diversidad funcional a nuestra sociedad y las responsabilidades que le competen al Estado y a la sociedad en general.

Lamentablemente, en cada informe anual que mandata la Ley 238 a la Procuraduría de las Personas con Impedimentos surge el reclamo de la falta de asignación de recursos económicos a esta agencia para poder cumplir con los propósitos de la ley. De acuerdo con el censo efectuado en el año 2010, se estimó que en la Isla residen alrededor de novecientas mil (900,000) personas con diversidad funcional en nuestro país, lo que constituye casi una cuarta parte de nuestra población total. Este dato pone en entredicho la capacidad de los pasados gobiernos en identificar las necesidades y distribuir los recursos presupuestarios de forma efectiva.

 

Las propuestas del Partido Independentista Puertorriqueño en esta materia son:

 

  1. Debe revisarse la efectividad de la política social promulgada en beneficio de las personas con diversidad funcional para determinar cuán satisfactorios y efectivos son los programas y servicios existentes y sus limitaciones para los diversos grupos de esta población (niñez, juventud, adultez). Al presente existen problemas de coordinación interagencial que se constituyen en obstáculos al buen funcionamiento de estos servicios y programas. También existen organizaciones diversas que brindan servicios con exitosos resultados que se ven impedidas de continuar sus esfuerzos por falta de recursos económicos. La Ley 238 del 31 de agosto de 2004 -Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos-tiene que ser el instrumento rector de las aspiraciones individuales y colectivas de las personas con diversidad funcional y de una política gubernamental integrada en agencias, corporaciones públicas y municipios en alianza con organizaciones con esfuerzos y servicios exitosos que resultan ser inclusivos de este sector.
  2. La Procuraduría de las Personas con Impedimentos debe dar prioridad a la disposición contenida por la Ley 238 de realizar un Censo Nacional de las Personas con Impedimentos que recoja la mayor información disponible de este sector para formular Política Pública a tono con sus necesidades.
  3. Se asignarán recursos para llevar a cabo una campaña masiva en los medios de comunicación, en las escuelas, comunidades y espacios del sector privado (como centros de trabajo) para educar y sensibilizar a la comunidad acerca de cómo fomentar la inclusión de este sector, el respeto a la diversidad y prácticas solidarias. Se extenderá este esfuerzo a todo el personal docente, oficinesco y administrativo del Departamento de Educación, etapa temprana donde se interviene con esta población en el área de educación especial, según establecía por una legislación de nuestra Delegación aprobada unánimemente por la Legislatura y vetada por el Ejecutivo. Se harán gestiones similares en los recintos e instituciones a nivel universitario para facilitar la adaptación, la transición y los acondicionamientos razonables requeridos por los estudiantes con diversidad funcional.
  4. Fortalecer la Procuraduría de Personas con Impedimentos así como a organizaciones que brindan servicios a esta población a nivel comunitario, particularmente a las que promueven su mayor independencia y calidad de vida. Presentar nuevamente una medida legislativa radicada anteriormente por Nuestra Delegación Legislativa para aumentar el máximo de la cuantía de multas administrativas que impone el Procurador de $500 hasta $5,000, que ingresarían a un Fondo Monetario para el Desarrollo de las Personas con Diversidad Funcional, para campañas educativas, desarrollo y adquisición de tecnología, proveer experiencias de empleo, y otros.
  5. Organizar un Plan Integrado de Actividades y Proyectos con la participación de diversas agencias y municipios que permita una coordinación costo-efectiva de los esfuerzos y que contribuya a que mantengan su mayor independencia física, mental y emocional. Este esfuerzo debe ser integrado a los Planes Estratégicos de Servicios que mandata la Ley 238.
  6. Crear un Catálogo de Servicios de Agencias Gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales que brindan servicios a esta población, que esté accesible por Internet en diversos formatos, para que se conozca y haga uso efectivo de los programas y servicios existentes. Esto nos ayudará también a identificar aquellas áreas necesitadas de acción gubernamental para hacer los ajustes correspondientes ya que al presente los servicios están centralizados en el área metropolitana dificultando el acceso de personas de otras regiones. En la medida en que los Municipios y agencias desarrollen sus planes estratégicos debe aspirarse a una regionalización de los servicios para aumentar mayor acceso a los mismos.
  7. Se crearán alianzas con la empresa privada para promover programas e iniciativas de respiro a través de organizaciones comunitarias con peritaje en esta población, particularmente para personas con impedimentos moderados o severos, con especial atención a personas con diversidad funcional mayores de 21 años que quedan en un limbo al salir del Departamento de Educación.
  8. Se estimulará la divulgación de leyes, reglamentos y derechos relacionados a la disponibilidad de tecnología adaptada a todas las diversidades funcionales mediante alianzas con organizaciones que brindan servicios a esta población.
  9. Se incorporará en los requisitos de educación continua de diversos profesionales ([email protected], [email protected] de rehabilitación vocacional, psiquiatras, psicó[email protected], [email protected], policías, [email protected], terapistas, mé[email protected]) se incorpore un taller educativo sobre asistencia tecnológica para que estos se conviertan en instrumentos de orientación adicionales para una persona con diversidad funcional.
  10. Se promoverá la efectividad de la asistencia tecnológica en la vida de una persona con diversidad funcional mediante campañas periódicas de servicio público en los medios de comunicación, estableciendo que las agencias concernidas destinen partidas presupuestarias específicas para tal propósito e integrando a los Planes Estratégicos de los Municipios la necesidad de orientar al público sobre este particular.
  11. Se destinará un por ciento de los recaudos por multas a patronos del Fondo de Seguridad y Salud en el Empleo, creado por la Ley 281 del 19 de diciembre de 2001 de la autoría de nuestra Delegación Legislativa, para crear un Fondo Nacional para la Adquisición y Financiamiento de Equipos de Asistencia Tecnológica.
  12. Se promoverá el debido funcionamiento de un Banco de Reciclaje y Reúso de Equipos de Asistencia Técnica a tono con el mandato de la Ley 3 del 1 de febrero de 2007, a ser establecido por el Departamento de Recursos Post Consumo propuesto en el área ambiental de este Programa de Gobierno.
  13. Se creará un registro de personas mayores de 21 años no escolarizadas y que no cualifican según los criterios de la Administración de Rehabilitación Vocacional para recibir servicios de adiestramiento en empleo, para determinar sus necesidades y elaborar planes concretos de servicios especializados. Dicha tarea se hará en coordinación con OPPI y entidades como el Programa de Asistencia Tecnológica y el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo, entre otras.
  14. Explorar las oportunidades que representa el trabajo a distancia para personas con diversidad funcional como una alternativa viable de empleo. De la mano con este esfuerzo se hará una campaña de orientación a patronos sobre el potencial y conveniencia de contratar a esta población, las disposiciones legales en torno a acomodo razonable, y se coordinarán esfuerzos con entidades gubernamentales y privadas que promueven el cooperativismo para explorar posibilidades de microempresas como opción viable de empleo.
  15. Ampliar el acceso y la disponibilidad a nivel nacional de servicios de transportación adaptados, con programas similares a “Llame y Viaje” mediante acuerdos con los Municipios.  Fomentar la integración de los medios de transporte en el área metropolitana como la AMA, Metrobús, el Tren Urbano, 'Trolleys' Municipales, guaguas públicas y el Acuaexpreso. Esto incluye que la AMA revise y repare aquellos autobuses que confrontan problemas con las rampas y accesos.
  16. Hacer cumplir las leyes que mandaten la eliminación de barreras arquitectónicas y velar porque en la reglamentación de la Junta de Planificación y los Planes de Ordenamiento Territorial se consideren las necesidades de esta población sobre el uso de terrenos y códigos de construcción, para que se tome en cuenta tanto la accesibilidad de personas con diversidad funcional, como un diseño y distribución universal de los espacios internos en diversas estructuras, lugares de convivencia o esparcimiento y vivienda.
  17. Coordinar con los consorcios municipales y aportaciones de la empresa privada actividades recreativas y campamentos de verano especialmente diseñados para personas con diversidad funcional.
  18. Crear subsidios especiales para la compra de medicamentos en negociación con las farmacéuticas establecidas en el país.
  19. Hacer cumplir las disposiciones relativas a cuido, supervisión y licenciamiento de centros de cuido diurno y residencial, y hacer uniforme la reglamentación aplicable en todas las agencias reguladoras.
  20. Investigar el cumplimiento de varias leyes de la Delegación del PIP en Cámara y Senado: Ley 20 de 1 de agosto de 2004, ordena al Departamento de Educación tener en las escuelas públicas teléfonos para uso de las personas con problemas auditivos, conocidos como "TTY"; Ley 355 de 16 de septiembre de 2004 -enmienda Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985- agrega normas que protejan, defiendan y salvaguarden los derechos de las personas con impedimentos ante la posible interpretación restrictiva de esta Ley como ha ocurrido en los Estados Unidos; Ley 30 de 8 de enero de 2004, "Ley para Establecer los Parámetros Tarifarios del Tren Urbano", otorga una tarifa especial a personas con diversidad funcional, de edad avanzada y estudiantes; Ley 163 de 14 de diciembre de 2001-enmienda la Ley Núm. 188 de 11 de mayo de 1942- "Ley de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico", brinda alquileres de bajo costo en sus instalaciones industriales para organizaciones sin fines de lucro que establezcan emprendimientos cuyos empleados deberán ser, en su mayoría, personas con diversidad funcional; Ley 77 de 14 de agosto de 1997 -enmienda la Ley Núm. 21 del 20 de mayo de 1987- para evitar la construcción de estructuras permanentes para obstaculizar el tránsito por calles cerradas.
  21. Insistir en la aprobación de dos proyectos de nuestra Delegación para incluir el lenguaje de señas en el currículo a nivel elemental para evitar la segregación y fomentar la solidaridad entre pares (este proyecto fue aprobado por la Legislatura y vetado por el Gobernador); y para otorgar incentivos salariales a maestros que se certifiquen como conocedores o maestros de lenguaje de señas.

 

  1. DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER
  1. INTRODUCCION

En Puerto Rico se debe promover la inclusión de la mujer en el desarrollo social y la actividad económica de Puerto Rico, que vaya más allá de etiquetar ciertos asuntos como de género.  Más que legislación, de la cual tenemos en abundancia, debemos procurar la articulación de políticas públicas, y los cambios en actitudes, que materialicen los buenos propósitos que anima el ordenamiento vigente para promover la inclusión de la mujer en el desarrollo económico en Puerto Rico.  Es urgente desarrollar, a través de la educación, un acercamiento franco a la perspectiva de género de la que carecen hombres y mujeres en las estructuras gubernamentales.

Para subsanar la desigualdad que prevalece en algunas relaciones familiares y afectivas, en primer lugar, hay que trabajar la aplicación transversal de la perspectiva de género, es decir, la identificación del efecto particular sobre las mujeres en medidas aparentemente neutrales en cuanto al género. El mejor ejemplo es la educación pública: la mayor parte de las custodias son mujeres, de hecho, el 24.5 por ciento de los hogares puertorriqueños tienen una jefatura femenina comparado con el 6.2 por ciento que tiene la jefatura masculina; la gran mayoría de las maestras son mujeres al igual que la inmensa mayoría de las proveedoras de servicios de [email protected] niñ@s de educación especial, las políticas, las determinaciones de no pagar a las terapistas, o las campañas de descrédito contra el magisterio, el desamparo de la escuela pública hacen blanco principalmente en las mujeres puertorriqueñas.

A esto también hay que añadir la evidente falta de representatividad de la mujer en puestos electivos y del Ejecutivo; la adopción de políticas a favor de comercios que promueven empleos en precario, con salario mínimo a tiempo parcial, en los que prevalecen las mujeres, como sucede, por ejemplo, con la Ley de Empleos Ahora; la situación particular de las mujeres respecto a las políticas de vivienda y de servicios de salud tomando en consideración que la expectativa de vida de una mujer hoy en día es de 82.7 años, 11 años más que en el 1990; el panorama de una población envejecida con un mayor número de mujeres, que además, son también el sector más empobrecido en el país y el efecto de los recortes a las pensiones propuesto por la Junta de Control Fiscal.

Por esto proponemos:

  1. Promover una visión que no sea exclusivamente jurídica del tema de la violencia doméstica, y contar, para el desarrollo de un Plan Estratégico para la Erradicación de la Violencia Doméstica, con organizaciones no gubernamentales, en especial aquellas con experiencia en programas de prevención y de atención a víctimas. Mediante dicho Plan, trazar una estrategia que vaya desde la prevención y educación a la comunidad sobre las causas y efectos de la violencia en contra de las mujeres hasta la atención de las necesidades apremiantes de las mujeres víctimas, como vivienda, servicios de salud, medidas de seguridad, servicios legales del ámbito civil, servicios de inmigración y de desarrollo económico. Se considerarán, en el desarrollo de esas estrategias, los factores individuales, de pareja y de entorno social que afectan la incidencia de violencia hacia la mujer.
  2. Fomentar el establecimiento de centros de cuido tanto en el trabajo público como en la empresa privada, con atención particular a la necesidad de guarderías en horarios no tradicionales.
  3. Establecer el Programa de Inserción para la Mujer Migrante con el fin de desarrollar y viabilizar un proyecto de justicia social y equidad a las mujeres que, en muchas ocasiones no perciben beneficios marginales ni cubiertas de salud debido a su condición migratoria.
  4. Promover la inclusión equitativa y abarcadora de la mujer en los espacios públicos políticos, económicos, sociales y culturales.
  5. Elaborar mecanismos adecuados para estimular a las mujeres que reciben ayudas gubernamentales a salir de la dependencia de los programas de asistencia nutricional y económica.

 

  1. RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL
        1. Garantizar que toda legislación, orden ejecutiva o decisión gubernamental, incluya la perspectiva de género. A manera de ejemplo, la imposición del IVU ha afectado de forma negativa a las mujeres trabajadoras jefas de familia.
        2. Promover participación equitativa de hombres y mujeres en posiciones electivas y gubernamentales.
        3. Documentar las incidencias de discrimen por géneros en todas las instancias del quehacer gubernamental, atendiendo los señalamientos sobre empleo por género, estructuras salariales, hostigamiento sexual, efectividad de los servicios que ofrecen las agencias según las realidades de los usuarios y usuarias.
        4. Rechazar toda participación gubernamental en actividades, programas, espectáculos o publicaciones que promuevan estereotipos por géneros, que expongan una imagen despectiva de la mujer o que fomenten o justifiquen la violencia de género. Por el contrario, el gobierno debe contribuir a sensibilizar la opinión pública sobre las causas y efectos de la desigualdad de género en la sociedad tanto a través de campañas de orientación como en la adopción de políticas internas en las agencias y dependencias.

 

  1. MUJERES ADULTAS MAYORES

La pobreza, la soledad, la falta de acceso a servicios sociales y médicos se acentúa en el sector poblacional más envejecido. El aumento en el costo de vida, la insuficiencia de los planes de pensiones, la amenaza que se cierne sobre el retiro de las empleadas públicas contribuye a hacer de este sector de nuestro país uno especialmente vulnerable.

Para ellas proponemos:

        1. Considerar, en el diseño e implantación de políticas de salud, las particulares necesidades de las mujeres envejecidas, y la frecuente falta de recursos para el tratamiento médico de condiciones crónicas o el desarrollo de limitaciones físicas asociadas a la vejez.
        2. Desarrollar programas a nivel municipal o regional que incentiven la actividad física y el acceso a servicios médicos.
        3. Promover la integración de mujeres de mayor edad a actividades comunitarias, bien como empleo remunerado, voluntariado o desarrollo empresarial, brindándole la oportunidad de continuar siendo productivas según su necesidad y deseo de aportar al desarrollo económico individual y del país.

 

  1. MUJERES SIN TECHO

En Puerto Rico, los gobiernos de turno han demostrado una gran apatía para atender y mitigar las condiciones de personas sin hogar. La mujer sin techo presenta características diferentes a las de los hombres, teniendo el agravante de que las causas para su condición social puede surgir de ramificaciones relacionadas con el maltrato intrafamiliar. La población de mujeres sin techo está compuesta por trabajadoras sexuales, usuarias de drogas, condiciones de salud mental, entre otros.

Muchas de estas mujeres son madres que por falta de techo se ven separadas de sus hijos e hijas, rompiendo así con su núcleo familiar. Además, la condición de inequidad de género y la vulnerabilidad de su lugar de reposo exponen a estas mujeres a agresiones sexuales que, en ocasiones, han puesto en riesgo la vida de la víctima. Estructurar un proyecto colectivo para la atención de las mujeres sin techo requiere la integración de iniciativas desarrolladas por el gobierno y la labor que realizan cientos de organizaciones no gubernamentales que atienden a esta población.

Presentamos las siguientes propuestas:

        1. Viabilizar el manejo de los casos de mujeres sin techo con un enfoque salubrista para establecer alianzas entre instrumentalidades del gobierno y organizaciones no gubernamentales con el fin de desarrollar una red de servicios a mujeres sin techo.
        2. Desarrollar mecanismos de recopilación de datos para la población marginada que incluya inventarios de servicios brindados por el gobierno, organizaciones no gubernamentales, y otras organizaciones sin fines de lucro para así viabilizar la atención efectiva y eficiente a mujeres sin techo.
        3. Desarrollar campañas de concienciación de conductas de riesgo usando métodos de difusión que estén al alcance de las poblaciones marginadas.

 

  1. SEGURIDAD

La extensión de la violencia en Puerto Rico –tiroteos en lugares públicos a plena luz del día, muertes de inocentes, las luchas armadas por el control de los puntos de droga—ha creado un sentido de inseguridad sin precedentes en nuestro país. Si algo queda claro con las terribles estadísticas (20.6 homicidios por cada 100,000 habitantes, según un informe del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico del 2014), sumado esto a miles de incidentes anuales de agresión, robo, y otros delitos contra la persona y la propiedad, y con los impactantes asesinatos ocurridos a principios del 2016, es que las estrategias que hasta ahora se han ensayado, han fracasado estrepitosamente. Las administraciones de los dos partidos que han compartido el poder han fallado en visualizar la violencia y el crimen como un fenómeno multifactorial y complejo, que responde a diversas causas y a procesos sociales y económicos.

Las raíces del crimen y la violencia están en la marginación, la desigualdad, la pobreza, las deficiencias educativas, la falta de oportunidades de empleo y de movilidad social, la dependencia, el ocio y al consumismo desenfrenado, la falta de pertenencia y responsabilidad social, entre otras. A falta de un cambio paradigmático para atender esos males, se siguen reproduciendo los estímulos sociales que resultan en comportamientos inadecuados en prácticamente todas las instancias e instituciones. Por eso, el PIP propone un enfoque integral al problema criminal que trabaje preventivamente con las causas pero que, a la vez, atienda sus efectos inmediatos y presentes. Urge promover y educar sobre una cultura de paz desde la edad temprana, en la que el diálogo y la negociación sean las estrategias para solucionar pacíficamente los conflictos y previniendo actitudes violentas y criminales en el futuro. Es momento de modificar el enfoque mediante el cual se han dedicado la mayor parte de los recursos humanos y fiscales a estrategias de corte punitivo y remedial -entiéndase cárceles, policías, operativos cuasi militares, salas de justicia, vigilancia electrónica – a pesar de que han demostrado no ser efectivas para disuadir conductas violentas o para evitar la incidencia criminal.

Mientras el país continúe aferrado a iniciativas fracasadas, no hay razón para esperar una merma en la incidencia criminal. Por tratarse la seguridad de un tema que debe ser atendido en cada etapa, con estrategias particulares, incluimos medidas preventivas, remediales y de control.

  1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN

La prevención es de vital importancia y con propósito dual porque evita el costo social del mal que logra evitar, y requiere de la inversión menos recursos en comparación a los que se invierten a largo plazo en medidas remediales.

  1. Hay que alterar el acercamiento al problema de la adicción a las drogas, pues su uso y trasiego son el detonante del 80% de los delitos violentos. Las guerras por controlar los puntos de distribución de drogas, los vínculos entre la economía formal e informal (narcotráfico) para mantener vivo este negocio millonario, y las actividades al margen de la ley a las que tienen que recurrir muchos fármaco-dependientes, constituyen los diversos ángulos que se verían trastocados si el Gobierno asume un enfoque Salubrista a este problema como ha propuesto el PIP hace décadas. Miles de familias recuperarían, a su vez, la tranquilidad de no ver a sus hijos o familiares fallecer a causa de sus vínculos con este mal.
  2. Hay que articular una nueva política económica orientada a vencer el estancamiento económico y la pobreza, que se ha acentuado aún más con los despidos, las políticas de imposición de impuestos a la clase asalariada y la recesión económica que vive nuestro país. Hay que reducir el desempleo y el ocio, y lograr que se satisfagan las necesidades ciudadanas de formas dignas y honradas. En la Sección de Desarrollo Económico se propone un nuevo modelo de desarrollo económico para el país que fomente la generación de empleos y que integre al sector actualmente marginado de la fuerza laboral, que constituye terreno fértil para el crimen y la droga.
  3. Hay que atender las deficiencias del sistema educativo desarrollando valores conducentes a una mejor convivencia social, además de proveerles conocimientos y destrezas adecuadas para que cada estudiante pueda insertarse con éxito en procesos productivos al salir de la escuela o universidad. Para ello es necesario una verdadera reforma educativa. Hay que darle pertinencia a la educación en la vida de [email protected] estudiantes y que sea fuerza motriz del desarrollo de nuestro país.
  4. Insistimos que en el escenario educativo es crucial la prestación de servicios de intervención temprana con poblaciones de alto riesgo, así como con situaciones de conducta al interior de los planteles que culminan en incidentes de violencia escolar. (Véase la Sección de Jóvenes en Edad Escolar)
  5. Existe evidencia científica abundante que relaciona la falta de atención a las necesidades de educación especial -falta de diagnósticos tempranos y servicios efectivos de tratamiento- con problemas de deserción escolar, delincuencia juvenil, depresión en jóvenes y abuso de sustancias adictivas. La atención preventiva de estas necesidades debe ser una prioridad gubernamental en el desarrollo de una política educativa coherente e integral. A esos fines se asignarán recursos y se fortalecerán los servicios de intervención temprana en el Departamento de Educación mediante estrategias con agencias, organizaciones profesionales con énfasis en la niñez y la academia. De igual forma, la cabal implantación de la Ley 170 de Psicólogos Escolares -de nuestra Delegación Legislativa- es fundamental en este esfuerzo. (Véase Sección de Educación).
  6. La criminalidad está íntimamente relacionada con la salud mental y cada día es más evidente la falta de servicios de prevención y tratamiento. Fortaleceremos los programas de prevención de salud mental y articularemos un sistema de prestación de servicios efectivo y accesible a todas las personas que lo necesitan, desde la infancia hasta la adultez, cuyo alcance y resultados estará sujeto a evaluaciones con regularidad. Es importante que el acceso a servicios como terapia para parejas y a padres e hijos estén incluidos en las cubiertas de salud y que se amplíen las líneas telefónicas de emergencia en agencias como ASSMCA situaciones de crisis o estrés. El acceso a servicios no puede estar sujeto a consideraciones económicas que restrinjan o limiten la disponibilidad de servicios, ni delegarse a entes privados sin la debida fiscalización.
  7. La falta de destrezas para manejar los conflictos por métodos no violentos es la consecuencia de que nosotros como sociedad ni el gobierno hayamos promovido en los diversos escenarios (escuela, familia, trabajo y la sociedad en general) los valores de una cultura de paz. A esos fines, promoveremos legislativamente la implantación de estrategias e iniciativas vinculadas a la cultura de paz y a la mediación de conflictos.
  8. Se fortalecerán y ampliarán los centros de mediación de conflictos integrando estrategias interagenciales para promover el estudio, identificación y atención a factores de riesgo que estimulan actitudes violentas y falta de control y manejo adecuado de emociones.
  9. Se estimulará la integración -mediante cápsulas informativas- de profesionales de la salud mental en el análisis de conductas, actitudes o situaciones que promueven la violencia y que son presentadas a través de los medios de comunicación, particularmente televisión y prensa escrita.
  10. Desarrollar programas para la juventud que prioricen el deporte y el empleo en el sector público y privado durante los periodos de receso escolar y en horarios en que estén fuera de las escuelas y sujetos a supervisión mínima. Estos contemplarán programas de estudio y trabajo, actividades deportivas en escuelas y parques comunitarios bajo auspicio de asociaciones comunitarias, proyectos de reciclaje y embellecimiento en su comunidad, tutorías a pares con rezago, y un plan integrado de actividades en el periodo de escuela abierta con auspicios privados. (Véase también Sección Educación Física)
  11. Integrar a la comunidad en la búsqueda de soluciones para la criminalidad, ya que es esencial para los esfuerzos de prevención. Se desarrollará un esfuerzo interagencial vigoroso para fomentar el desarrollo de asociaciones comunitarias que son las que mejor conocen los problemas y necesidades de la comunidad, a sus integrantes para que promuevan soluciones viables a los problemas que inciden en la violencia en sus alrededores. Esto promoverá que: constituyan redes de comunicación para la vigilancia preventiva; promuevan actividades deportivas y recreativas para el intercambio de los integrantes de la comunidad; integren a los jóvenes a actividades para alejarlos del ocio y en tareas de utilidad social; participen de esfuerzos en Pro del ambiente y las actividades artísticas y a desarrollar un sentido de pertenencia comunal con la colaboración de los municipios; recauden fondos para sufragar actividades o causas con las que se identifiquen sus residentes; discutan y busquen soluciones dentro de la propia comunidad en vez de esperar por soluciones gubernamentales; coordinen actividades para beneficio de las escuelas de su comunidad o aprovechando ese espacio para actividades; y participen activamente en la administración y mantenimiento de complejos de residenciales públicos.
  12. Crear un organismo permanente para estudiar la violencia que establezca un plan estratégico, con metas y objetivos específicos a corto, mediano y largo plazo y que incorpore mecanismos de evaluación para medir su alcance y resultados. Este tendrá la capacidad para diseñar y canalizar programas, propuestas e iniciativas de investigación, y establecer mecanismos uniformes e integrales de recopilación de datos sobre violencia a nivel ejecutivo y judicial. La recopilación de estos datos incluye el análisis sobre tendencias, prevalencia, demarcaciones geográficas del crimen, factores socioeconómicos presentes, entre otras, para trazar estrategias preventivas, de control y remediales. Véase también otras estrategias educativas y preventivas para fomentar una mejor convivencia social en las Secciones de Familia, Niñez, Mujeres, Educación Física y Jóvenes que atienden asuntos como el maltrato, la desigualdad por razón de género, re-educación sobre destrezas de crianza, entre otras.
  13. Establecer política pública que integre agencias, academia, ONGs y sociedad civil en el Observatorio de Trata Humana. Este Observatorio implantará, coordinará, y dará seguimiento a que en Puerto Rico se brinden servicios de prevención, orientación, investigación, análisis, protección y sanción del delito de la Trata, enfatizando en poblaciones de mayor grado de vulnerabilidad (menores y mujeres).

 

  1. MEDIDAS REMEDIALES

En lo que las estrategias preventivas surten efecto hay que tomar medidas a corto plazo para controlar el desenfreno de la actividad criminal. A esos efectos se propone:

  1. Evaluar de manera crítica y realista el estado de derecho actual en Puerto Rico sobre el uso y abuso de drogas, el impacto que ello tiene en los crímenes violentos y estudiar cambios al mismo, a tenor con la realidad criminal que se vive en el país. Se estudiarán alternativas con un enfoque salubrista y con la visión de que hay que dedicarle mayores recursos a combatir la venta y trasiego de drogas que a combatir el uso y consumo. Ejemplo de uno de los programas que se debe evaluar es la política adoptada en otras jurisdicciones donde se descriminalizó la posesión de drogas en una cantidad menor a lo necesario para un consumo de 10 días. Una vez la policía interviene con un usuario o persona en posesión de droga, en lugar de referirlo al Tribunal con la radicación de cargos, se refiere de manera administrativa a una Comisión para la Disuasión del Uso de Drogas (CDUD), organismo compuesto por un trabajador(a) social, [email protected] legal y un profesional de la medicina. El CDUD atiende el referido, impone la sanción aplicable de tipo administrativo y se refiere para el tratamiento adecuado. Ello ha permitido que los recursos del estado se dirijan a combatir el trasiego y venta de drogas.
  2. Revisión de todas aquellas enmiendas a la legislación penal que sólo acentúan la fracasada estrategia punitiva.
  3. Realizar una abarcadora reforma del Sistema Penitenciario del país que estará inspirada en el principio y mandato constitucional de la rehabilitación. Específicamente se propone:
    1. asignar recursos fiscales y humanos suficientes para proveer los servicios necesarios para la rehabilitación de [email protected] [email protected]
    2. [email protected] [email protected] que requieren seguridad mínima deberán trabajar en labores agrícolas, arreglo y mantenimiento de infraestructura, manufactura o en otros sectores de la economía. Esto incluye [email protected] para que desempeñen oficios como ebanistería, carpintería, electricidad, reciclaje, que les permitan posteriormente ganarse el sustento. Se promoverá la creación de cooperativas o corporaciones en propiedad de trabajadores para [email protected] en ciertas instituciones penales para que puedan adiestrarse en las áreas antes señaladas y desempeñarse de manera productiva.
    3. Además de proveer certificados de antecedentes penales a los patronos que así lo soliciten, se extenderán certificados de rehabilitación a toda aquella persona que se haya, en realidad, rehabilitado. Se le ofrecerán incentivos a todo patrono que emplee personas rehabilitadas aunque éstas tengan antecedentes penales.
    4. Atender las necesidades y rezagos educativos por asuntos de educación especial no identificados o atendidos.
    5. Ofrecer programas efectivos de salud mental.
    6. Proveer cursos sobre control de emociones y manejo de conflictos y modelaje positivo frente a la adversidad y condiciones socioeconómicas difíciles.
    7. Establecer el cargo de Juez de Ejecución encargado de velar porque se rehabiliten [email protected] [email protected] que le sean asignados.
  4. Es impostergable la revisión de las funciones y operación de la Policía de Puerto Rico para atender los señalamientos publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Colegio de Abogados, la Comisión de Derechos Civiles y la Unión Americana de Libertades Civiles, así como las denuncias hechas por ciudadanos y organizaciones. Proponemos la designación de un Panel Independiente de Ciudadanos para la Supervisión de la Gestión Policial con plenas facultades de investigación como primer paso para erradicar la corrupción, la politización, el abuso y la ineficiencia del cuerpo de policía.
  5. Cambiar los procesos actuales de selección, adiestramiento, capacitación continua, evaluación, ascensos, nombramientos y procedimientos administrativos por faltas de sus miembros, con el fin de garantizar que quienes estén en cada nivel de la policía estén cabalmente preparados a nivel físico, educativo y psicológico.
  6. El enfoque de intervención policiaca fundamentalmente punitivo debe sustituirse por uno de educación ciudadana que integre el trabajo coordinado de agencias como ASSMCA, Familia, Educación, Justicia, en los esfuerzos de prevención e intervención.
  7. Fortalecer el entrenamiento a la fuerza policíaca y proveerle el equipo moderno necesario, incluyendo la nueva tecnología para incrementar la eficacia y efectividad, y adiestrarlos en técnicas de investigación, manejo y monitoreo de casos para aumentar el número de crímenes esclarecidos.
  8. Tomar medidas para garantizar la fortaleza y efectividad del Programa de Protección a Testigos, con los recursos necesarios para actualizar las instalaciones físicas del Albergue de Testigos y que se logre el propósito del programa.
  9. Mejorar las condiciones de trabajo y los salarios de [email protected] policías para que no necesiten de empleos adicionales para subsistir.
  10. Ofrecer y garantizar a los miembros de la uniformada consejería profesional sobre manejo de emociones, particularmente para poder manejar las difíciles situaciones que enfrentan día a día, y atender con mayor seriedad y prontitud los incidentes reportados relacionados con violencia familiar o en el contexto de trabajo.
  11. Se revaluarán las prioridades de servicio en cada comandancia y cuartel de la Policía para destinar una mayor cantidad de uniformados a tareas de vigilancia preventiva, redirigiendo recursos concentrados actualmente en otras áreas, tales como, tareas administrativas.
  12. Agilizar y extender los servicios de emergencia tanto de la Policía como de la Defensa Civil.
  13. Fortalecer y revisar continuamente los adiestramientos sobre derechos civiles que recibe la Policía.
  14. Reestructuración de la Unidad de Operaciones Tácticas, despojándola de todo vestigio de instrumento de abuso y represión, como se ha visto en conflictos como el de la Universidad de Puerto Rico.
  15. Revaluar el papel de la Guardia Municipal y sus funciones para lograr un balance entre la ejecución de labores preventivas y labores remediales y establecer un trabajo más coordinado con la Policía Estatal.
  16. Limitar las posibilidades de uso fácil de dinero mal habido, condicionando, por ejemplo, la inscripción en los Registros de la Propiedad de inmuebles adquiridos sin financiamiento, fiscalizando de manera más efectiva las transacciones bancarias, y limitando las transacciones comerciales de alto valor en efectivo.

 

  1. MEDIDAS DE CONTROL

Es preciso desarrollar estrategias para lidiar con los efectos del crimen. Esto incluye a las personas convictas por delito que son encarceladas. Es responsabilidad del Gobierno conducirlas a su eventual rehabilitación y reinserción a la sociedad. También incluye la protección de la ciudadanía que sufre el azote del crimen. La rehabilitación, además de inspirarse en propósitos humanitarios y constitucionales, debe verse también como medida preventiva a la reincidencia. De igual forma, es necesario diseñar un programa efectivo de compensación a víctimas del crimen, como existe en otros lugares, y establecer principios y estrategias de justicia restaurativa que integren tanto al ofensor como a la víctima en un proceso de superación de la experiencia criminal y sus efectos que la violencia provoca.

A esos efectos, implantaremos:

  1. La expansión de servicios de salud mental en las instituciones, y el establecimiento de clínicas para el tratamiento de la drogodependencia, incluyendo clínicas de tratamiento con metadona y buprenorfina para jóvenes y adultos. 
  2. Aumentar el número de profesionales de servicios de rehabilitación en todas las instituciones juveniles y de adultos de Puerto Rico, para que sea proporcional a la población que requiere el servicio. Estos servicios incluyen trabajo social, orientación, rehabilitación y consejería. Este personal se encargará además de atender las necesidades sociales de esta población ayudando a la misma a restablecer los lazos de comunicación con sus familias y reintegrarse a la comunidad una vez cumplan sus sentencias. Deben considerarse las necesidades particulares de las mujeres confinadas.
  3. La segregación efectiva de presos en función de la severidad de los delitos, peligrosidad y potencial de rehabilitación.
  4. La creación de centros de estudio académico y vocacional a fin de que estos jóvenes y adultos confinados adquieran destrezas que les permita tener una opción real de empleo una vez salgan a la comunidad. De igual forma, un por ciento alto de los jóvenes en instituciones juveniles evidencia problemas específicos de aprendizaje y otras condiciones que requieren educación especial. Sin embargo, las instituciones juveniles no cuentan con los servicios de educación especial suficientes para atender esta necesidad. Estos jóvenes deben ser ayudados para vencer la frustración que les genera el haber fracasado en su aprovechamiento escolar y que se motiven a continuar desarrollando sus destrezas de estudio.
  5. La instauración de un programa de ubicación de ex-confinados en empleos productivos al cumplir su condena.
  6. Fortalecer el programa de compensación a víctimas de crímenes violentos, adscrito al Departamento de Justicia. El mismo debe ser evaluado en términos de su alcance, eficacia, divulgación de servicios, criterios de elegibilidad, disponibilidad de servicios psicoterapéuticos, entre otros. Destinar al programa los recursos necesarios para atender a una población cada vez en aumento y diversa.
  7. Garantizar el derecho de los acusados a obtener toda la prueba incluyendo declaraciones juradas.

 

  1. VIOLENCIA SEXUAL

El tema de violencia sexual es un tema muy incómodo del que pocas personas quieren hablar. Sin embargo, las estadísticas publicadas por el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV) arrojan números realmente alarmantes: el 58% de las sobrevivientes de violencia sexual es menor de 14 años, y se estima que anualmente ocurren unas 9,500 agresiones sexuales. Si a esta realidad añadimos la nulidad de los servicios de apoyo a las sobrevivientes, enfrentamos una crisis sanitaria de proporciones alarmantes que es urgente atender.

Como parte del apoyo a las mujeres sobrevivientes de violencia sexual y sus familiares, una recopilación de datos efectiva y encausar el proceso de investigación criminal, proponemos establecer los Servicios Clínicos Forenses Comprensivos (SCFC) que incluyan:

  1. Reformular y vincular las estrategias de prevención, manejo y seguimiento de violencia sexual para desarrollar un modelo integral desde las perspectivas:
    1. salubrista (atención médica y sicológica para las sobrevivientes)
    2. académica (mecanismos de apoyo para minimizar el riesgo de deserción como resultado de agresiones sexuales)
    3. sociológica (erradicación de condiciones de desigualdad) 
    4. penal (manejo adecuado de querella, investigación, radicación y convicción de agresores). 
  1. Un protocolo uniforme para la recopilación de datos.
  2. El manejo clínico de las víctimas y sus familiares.
  3. Apoyo en la recopilación y presentación de elementos evidenciarios para el procesamiento de agresores.
  4. Servicios de ginecología forense: acceso a sala de operaciones para sedaciones, biopsias bajo sedación y evaluación de casos post mortem.
  5. Crear un programa de pasantía para policías y fiscales en la Unidad de Delitos Sexuales.
  6. Establecer acuerdos colaborativos con las escuelas de derecho para educar a los futuros defensores en el procesamiento de los casos.
  7. Equipo de apoyo a jueces y fiscales.
  8. Establecer acuerdos colaborativos con las escuelas de medicina-Convertirlo en un centro en la rotación de ObGyn.
  9. Tiempo voluntario de profesionales de la salud.
  10. Obligación (responsabilidad social) de instituciones médico privadas.
  11. Campañas educativas de medios.